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Una propuesta legislativa inspirada en el caso mediático entre Cazzu y Christian Nodal ha comenzado a generar debate en México. Se trata de la iniciativa conocida públicamente como “Ley Cazzu”, presentada en el Congreso de Michoacán.
La propuesta fue impulsada por la diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Partido Verde Ecologista de México, y plantea modificar el artículo 4º de la Constitución mexicana para evitar que padres ausentes o que no cumplen con pensión alimenticia puedan bloquear trámites de movilidad de sus hijos.
La reforma busca garantizar que el interés superior de la niñez tenga prioridad, especialmente en casos donde uno de los progenitores no participa activamente en la crianza o incumple con sus responsabilidades legales.
Actualmente en México, trámites como la obtención de pasaporte o permisos para viajar al extranjero requieren la autorización de ambos padres. Cuando uno de ellos se niega a firmar o no puede ser localizado, el padre o madre custodio debe iniciar un proceso judicial que puede tardar meses o incluso años.
Durante ese tiempo, los menores pueden perder oportunidades educativas, familiares o culturales relacionadas con viajes internacionales.
La iniciativa propone que, en casos comprobados de abandono, falta de convivencia o incumplimiento de pensión alimenticia, el consentimiento de uno de los progenitores no sea obligatorio para autorizar trámites de movilidad.
Además, el proyecto busca prevenir el uso de estos permisos como forma de presión dentro de conflictos familiares, una práctica que especialistas relacionan con la llamada violencia vicaria.
El nombre de “Ley Cazzu” surgió en redes y medios tras el conflicto legal que rodea a Cazzu y Christian Nodal respecto a su hija Inti Nodal, caso que puso nuevamente en discusión los obstáculos legales que enfrentan muchos padres y madres para realizar trámites internacionales con sus hijos.
De acuerdo con datos citados en el debate público, en México existen más de 11 millones de madres solteras, y en tres de cada cuatro casos de padres separados no se paga la pensión alimenticia, lo que ha impulsado a colectivos y organizaciones a exigir reformas que protejan a niñas, niños y adolescentes.
La propuesta aún deberá seguir su proceso legislativo, pero el objetivo final sería que una reforma de este tipo pueda discutirse eventualmente a nivel nacional.
